Tercerización e intermediación laboral ilegal: lo que toda empresa debe saber: La tercerización es una práctica común y útil: permite a las empresas delegar ciertos procesos, optimizar recursos y enfocarse en su actividad principal. Sin embargo, cuando esta figura se utiliza de manera indebida, puede convertirse en una fuente de riesgos legales, laborales y económicos.
En 2025, las autoridades laborales están reforzando la vigilancia y estableciendo criterios más claros para diferenciar la tercerización legítima de las prácticas irregulares. Este blog te explica, de forma clara, qué se considera tercerización o intermediación laboral ilegal, por qué ocurre, qué riesgos implica y qué deben hacer las empresas para evitar sanciones.
¿Por qué es importante entender este tema?
Porque hoy, más que nunca, las empresas deben garantizar:
- Cumplimiento laboral
- Relaciones contractuales claras
- Seguridad jurídica
- Protección de los trabajadores
- Evitar sanciones costosas
- Evitar investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo
La tercerización es válida, siempre y cuando se use de forma transparente y ordenada. Cuando se emplea para encubrir vínculos laborales o evadir responsabilidades, deja de ser una herramienta empresarial y se convierte en un problema.
¿Qué es tercerización y cuándo es legal?
La tercerización legítima ocurre cuando una empresa encarga a un tercero la ejecución de una actividad específica, pero ese tercero:
- Tiene autonomía técnica y directiva
- Asume sus propios riesgos
- Cuenta con estructura productiva real y personal propio
- Posee herramientas, infraestructura o tecnología propia
- Ejecuta el servicio sin que la empresa contratante supervise de forma directa al personal
En este escenario, el tercero actúa como un verdadero proveedor especializado.
¿Cuándo la tercerización se convierte en ilegal?
La tercerización se considera ilegal cuando el contratista no opera como una empresa real, sino como un intermediario que solo suministra personal.
Se configura cuando ocurren situaciones como:
✔ Falta de autonomía del contratista
- No tiene infraestructura, equipos o herramientas propia
- No posee capacidad administrativa o financiera
- No dirige realmente a su personal
- Depende de la empresa contratante para operar
✔ Subordinación directa del personal al contratante
- La empresa contratante define horarios, funciones o supervisión
- El contratante determina pagos, vacaciones o turnos
- El personal trabaja integrado en el proceso del contratante
- Las herramientas de trabajo son proporcionadas por la empresa contratante
✔ Desarrollo de actividades permanentes
Si una labor es esencial, habitual o propia del objeto social de la empresa y está siendo realizada por terceros, existe presunción de que debería ser un empleo directo.
Intermediación laboral: ¿qué es y cuándo se considera ilegal?
La intermediación laboral ocurre cuando se envían trabajadores a prestar servicios directamente a otra empresa. Esto solo es legal cuando se realiza mediante Empresas de Servicios Temporales (EST) y únicamente para casos excepcionales como:
- Reemplazos temporales
- Incrementos ocasionales de producción
- Labores accidentales o transitorias
La intermediación se vuelve ilegal cuando:
- El suministro de personal lo hace una empresa que no es EST
- Se cubren actividades permanentes con trabajadores en misión
- Se usan varias EST de forma rotativa para encubrir continuidad
- Se exceden los plazos permitidos para servicios temporales
Contratos sindicales y cooperativas: riesgos frecuentes
En los últimos años, se han usado figuras como:
- Cooperativas
- Precooperativas
- Contratos sindicales
- Uniones temporales
- Asociaciones o fundaciones
Para enviar personal a otras empresas, sin cumplir las reglas propias de cada figura.
Estas prácticas tienden a ser ilegales cuando:
- Los trabajadores no se afilian de manera voluntaria
- No existe autonomía real del sindicato o la cooperativa
- Los trabajadores ejecutan actividades permanentes del beneficiario
- No hay estructura organizativa real
- El contratante dirige o controla directamente al personal
¿Qué riesgos enfrenta una empresa si incurre en tercerización o intermediación ilegal?
Las consecuencias pueden ser graves:
🔹 Multas económicas muy altas
Las infracciones pueden generar sanciones millonarias que se aplican incluso de manera sucesiva mientras persista la irregularidad.
🔹 Orden de vinculación laboral directa
La autoridad puede exigir que la empresa contrate directamente al personal involucrado, sin importar la figura que se haya firmado.
🔹 Suspensión de actividades
Si existe vulneración a la salud o seguridad de los trabajadores, la empresa puede ser suspendida temporalmente.
🔹 Pérdida de licencias o autorizaciones
En casos graves, ciertas organizaciones como empresas de servicios temporales pueden perder su autorización para operar.
🔹 Disolución de entidades intermediarias
Cooperativas o sindicatos utilizados de forma fraudulenta pueden ser cancelados o disueltos.
🔹 Demandas laborales y responsabilidad solidaria
El contratante puede ser declarado verdadero empleador y asumir todas las obligaciones laborales y prestacionales.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
Para evitar riesgos y garantizar cumplimiento, es fundamental:
✔ Auditar todos los contratos con terceros
Verificar estructura, autonomía, capacidad y roles.
✔ Revisar qué actividades son permanentes
Y asegurarse de que no estén ejecutadas por intermediarios.
✔ Evaluar el uso de empresas de servicios temporales
Solo deben emplearse en casos excepcionales, no permanentes.
✔ Documentar correctamente cada relación comercial
Evitar vacíos, ambigüedades o contratos sin claridad en funciones.
✔ Fortalecer talento humano y jurídico
Los cambios normativos requieren nuevas prácticas internas.
✔ Implementar controles internos
Para evitar que áreas operativas soliciten personal por fuera de los canales legales.
Conclusión
La tercerización sigue siendo una herramienta válida para las empresas, siempre que se haga bajo parámetros de legalidad, autonomía y especialización. Cuando se utiliza para encubrir relaciones laborales o reemplazar trabajadores permanentes, se convierte en un riesgo financiero y legal.
Las empresas deben adaptarse a las nuevas reglas, revisar sus contratos y garantizar que sus procesos de tercerización no vulneren derechos laborales ni generen exposición a sanciones.
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