El deber de lealtad y diligencia de los administradores: lecciones de un caso emblemático en Colombia

Deber de Lealtad y Diligencia: Caso Concretodo en Colombia

El deber de lealtad y diligencia de los administradores:  En el mundo empresarial, la confianza y la transparencia son la base de cualquier gestión corporativa. Cuando un administrador incumple estos principios, no solo compromete el patrimonio de la empresa, sino también su reputación y estabilidad a largo plazo.

Un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sobre el caso de Industrias Concretodo S.A.S., puso en evidencia los límites éticos y jurídicos que deben guiar la actuación de los administradores en Colombia. Este proceso se convirtió en un precedente clave en torno al deber de lealtad y diligencia previsto en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

El caso: violación sistemática del deber de lealtad y diligencia

El antiguo representante legal de Industrias Concretodo S.A.S. fue acusado por sus socios de una serie de actos que generaron un detrimento patrimonial superior a 895 millones de pesos. Entre las conductas más graves se encontraron:

El Tribunal calificó estas acciones como una violación sistemática de los deberes de lealtad y diligencia.

La decisión del Tribunal: justicia con cifras

Tras analizar las pruebas, el Tribunal Superior condenó al exrepresentante legal a indemnizar a la empresa por más de 521 millones de pesos, distribuidos así:

El fallo también subrayó que la negligencia fiscal evidenciaba una clara falta de diligencia en la gestión de la empresa.

Deber de Lealtad y Diligencia: Caso Concretodo en Colombia

Principios reafirmados en este fallo

Este caso dejó enseñanzas fundamentales para el sector empresarial:

  1. El deber de lealtad implica actuar con fidelidad al interés social, evitando conflictos de interés y enriquecimiento personal a costa de la empresa.

     

  2. El deber de diligencia exige gestionar con prudencia y responsabilidad, bajo el estándar del “buen hombre de negocios”.

     

  3. La responsabilidad personal de los administradores es efectiva frente a actos dolosos o culposos.

     

La acción social de responsabilidad es un mecanismo eficaz para recuperar activos desviados y exigir cuentas.

Conclusión: administrar es una responsabilidad, no un privilegio

El fallo contra el exrepresentante legal de Industrias Concretodo S.A.S. no solo restauró el patrimonio de la empresa, también envió un mensaje claro: ser administrador implica deberes fiduciarios estrictos de ética, diligencia y lealtad 

El incumplimiento de estos deberes puede acarrear condenas millonarias, pérdida de confianza y sanciones legales que trascienden lo financiero —dañan la credibilidad institucional y el clima de inversión. Este caso debe servir como faro preventivo: la gestión empresarial no es burocracia, es blindaje. Empresas bien gobernadas no solo evitan pérdidas, construyen legados sostenibles.

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