Tres cancelaciones de habilitación en transporte de carga: qué revelan las Resoluciones 7455, 7405 y 7445 de 2026: La cancelación de la habilitación de una empresa de transporte no es una sanción menor. A diferencia de una multa, que genera principalmente una consecuencia económica, la pérdida de la habilitación compromete directamente la posibilidad de continuar desarrollando legalmente la actividad transportadora.
Por esta razón, las Resoluciones 7455, 7405 y 7445 del 26 de mayo de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte, merecen un análisis que vaya más allá de los casos particulares de las empresas sancionadas.
Las tres decisiones presentan elementos comunes que permiten identificar un patrón de riesgo para las compañías dedicadas al servicio público de transporte terrestre automotor de carga: falta de información ante la autoridad, ausencia prolongada de registros operativos en el RNDC, posibles periodos de inactividad y una gestión procesal insuficiente frente a las investigaciones administrativas.
Más que tres sanciones independientes, estos casos funcionan como una advertencia para todo el sector.
Tres empresas, un mismo patrón administrativo
Las decisiones analizadas involucraron a:
- L y D Logística de Distribución S.A., mediante la Resolución 7455 de 2026.
- Transportes Delta S.A., mediante la Resolución 7405 de 2026.
- Transporte y Logística de Colombia LTDA, mediante la Resolución 7445 de 2026.
En los tres casos, la sanción principal fue la cancelación de la habilitación.
Lo relevante desde una perspectiva de gestión de riesgos no es únicamente que tres compañías hayan recibido la misma consecuencia jurídica, sino que las investigaciones presentan comportamientos presuntamente similares.
Entre ellos se encuentran tres aspectos centrales:
1. Falta de suministro de información
Las empresas habilitadas están sometidas a las facultades de inspección, vigilancia y control de las autoridades del sector.
Esto implica que determinadas solicitudes de información no deben entenderse como simples requerimientos administrativos de carácter formal.
Cuando una empresa no suministra los datos solicitados, dificulta la capacidad del Estado para verificar su operación, revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y determinar si continúa reuniendo las condiciones bajo las cuales obtuvo su habilitación.
En los procesos analizados se cuestionó, entre otros aspectos, la ausencia de información mediante el aplicativo correspondiente y el formulario NoMEC-RNDC.
Desde el punto de vista empresarial, esto deja una primera conclusión:
una compañía puede estar operando correctamente y, aun así, incrementar significativamente su exposición regulatoria si no puede demostrarlo documentalmente.
En sectores altamente regulados, operar y acreditar que se opera conforme a la norma son dos obligaciones diferentes.
2. La ausencia de registros en el RNDC como señal de alerta
Uno de los elementos más relevantes de estas investigaciones fue la falta de registros de manifiestos electrónicos de carga y remesas en el Registro Nacional de Despachos de Carga —RNDC— durante un periodo comprendido entre enero de 2022 y mayo de 2023.
Estamos hablando de aproximadamente 17 meses.
Este punto resulta especialmente importante porque el RNDC constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales se registra y se puede verificar la actividad de las empresas transportadoras.
Desde una perspectiva de control, una ausencia prolongada de operaciones registradas puede convertirse en un indicador objetivo para que la autoridad se pregunte:
¿la empresa continúa prestando efectivamente el servicio para el cual fue habilitada?
El problema, entonces, no es únicamente tecnológico ni administrativo.
No registrar correctamente una operación puede terminar produciendo consecuencias jurídicas mucho más profundas.
Por ello, las empresas deberían dejar de considerar el RNDC exclusivamente como una herramienta operativa.
También es un mecanismo de trazabilidad, cumplimiento y defensa.
3. Cesación injustificada de actividades: el riesgo detrás de la inactividad
La Ley 336 de 1996 contempla consecuencias frente a determinados escenarios relacionados con la cesación injustificada de actividades.
Aquí aparece uno de los principales aprendizajes de estos casos.
Una empresa puede atravesar situaciones que afecten temporalmente su operación:
- dificultades financieras;
- mantenimiento de vehículos;
- reorganizaciones empresariales;
- pérdida temporal de clientes;
- problemas contractuales;
- situaciones de fuerza mayor;
- cambios administrativos.
Sin embargo, desde la perspectiva regulatoria, la simple ausencia de operaciones durante un periodo prolongado puede generar interrogantes.
Si la empresa no documenta adecuadamente las razones de su inactividad, no mantiene soportes y no responde ante un eventual requerimiento, puede encontrarse en una posición particularmente vulnerable.
Por eso existe una diferencia fundamental entre:
estar temporalmente inactivo y poder demostrar por qué se está inactivo.
La documentación adquiere entonces un valor estratégico.
Si existe una causa legítima que explique una reducción o interrupción de las operaciones, esta debería estar debidamente soportada y analizada desde el punto de vista jurídico.
El elemento más preocupante: la ausencia de defensa
Existe otro factor que conecta los tres procesos y que, posiblemente, representa una de las mayores lecciones para el sector.
Según la información contenida en las decisiones analizadas, las empresas no presentaron descargos ni aportaron pruebas dentro de los respectivos procesos administrativos.
Esto cambia completamente la posición de una compañía dentro de una investigación.
Cuando una autoridad formula cargos, la empresa tiene la posibilidad de:
- explicar los hechos;
- controvertir las pruebas;
- aportar documentos;
- demostrar circunstancias justificativas;
- solicitar pruebas;
- presentar argumentos jurídicos;
- cuestionar las conclusiones de la administración.
Si la empresa no comparece oportunamente, pierde una parte fundamental de estas herramientas.
Esto no significa que la administración pueda automáticamente presumir cualquier responsabilidad, pero sí implica que el expediente puede quedar construido principalmente con la información obtenida por la propia autoridad.
En términos prácticos, la empresa pierde la oportunidad de incorporar su versión de los hechos al proceso.
El verdadero riesgo no siempre es la infracción inicial
Desde un punto de vista analítico, estos casos permiten hacer una distinción importante.
En muchas investigaciones administrativas existen dos niveles de riesgo:
Primer nivel: el riesgo operativo.
Se presenta cuando existe un incumplimiento, por ejemplo, una falla en un reporte o una irregularidad documental.
Segundo nivel: el riesgo procesal.
Aparece cuando la empresa recibe un requerimiento o una investigación y no actúa correctamente para defenderse.
Una falla operativa puede ser explicable, subsanable o discutible.
Pero cuando esa falla se combina con:
- ausencia de documentación;
- falta de respuesta;
- pérdida de términos;
- correos desactualizados;
- desconocimiento de las notificaciones;
El riesgo aumenta considerablemente.
La importancia de las notificaciones
Otra enseñanza importante para las empresas de transporte está relacionada con sus sistemas internos de comunicación.
Una investigación administrativa puede fracasar desde la perspectiva defensiva simplemente porque el documento nunca llegó oportunamente al área jurídica.
Por eso las empresas deberían identificar claramente:
- quién revisa los canales oficiales;.
- quién recibe notificaciones;
- quién escala los documentos;
- quién controla los términos;
- quién prepara las respuestas.
Un requerimiento no debería depender de que una persona “vea el correo”.
Debe existir un procedimiento.
El correo electrónico también es un activo de cumplimiento
Muchas empresas actualizan constantemente su información comercial, pero olvidan actualizar los datos utilizados para comunicaciones oficiales.
Un correo registrado años atrás que ya nadie revisa puede representar un riesgo considerable.
Por esta razón, debería realizarse periódicamente una validación de:
- correos electrónicos registrados;
- números telefónicos;
- domicilio empresarial;
- información disponible en registros empresariales;
- usuarios habilitados en plataformas institucionales.
La gestión de notificaciones debe formar parte del sistema de cumplimiento.
Cinco áreas que una empresa debería revisar
A partir de estos casos, pueden identificarse cinco frentes prioritarios.
1. Control del RNDC
La empresa debería revisar periódicamente que los manifiestos y demás documentos requeridos estén correctamente registrados.
No basta con confiar en que el proceso se realizó.
Es recomendable contar con mecanismos de verificación.
Por ejemplo, realizar conciliaciones entre:
operaciones realizadas → documentos generados → información registrada en RNDC.
Cualquier diferencia debería investigarse.
2. Protocolo frente a periodos de inactividad
Si la compañía deja de operar temporalmente, la situación debería analizarse inmediatamente.
La empresa debería determinar:
- cuál es la causa;
- cuánto tiempo se estima que durará;
- qué obligaciones siguen vigentes;
- qué información debe conservar;
- si existe alguna actuación que deba adelantarse ante autoridades.
La peor estrategia es permitir que simplemente transcurran los meses sin ningún análisis regulatorio.
3. Sistema de respuesta a requerimientos
Toda comunicación proveniente de la Superintendencia de Transporte debería activar un protocolo interno.
Como mínimo:
Recepción → Registro → Escalamiento → Análisis → Respuesta → Archivo.
Además, debería existir un responsable del control de términos.
4. Expediente preventivo de cumplimiento
Una estrategia útil consiste en mantener organizada una carpeta permanente con documentación que permita acreditar la operación de la empresa.
Puede incluir:
- registros RNDC;
- manifiestos;
- remesas;
- soportes operativos;
- contratos;
- comunicaciones regulatorias;
- certificaciones;
- respuestas a requerimientos;
- evidencias de contingencias.
Esta documentación puede convertirse en una herramienta de defensa ante una eventual actuación administrativa.
5. Capacitación del personal
Los riesgos regulatorios no pertenecen exclusivamente al departamento jurídico.
Una omisión puede generarse desde:
- despacho;
- operaciones;
- logística;
- administración;
- tecnología;
- servicio al cliente.
Por eso el personal debe comprender las consecuencias jurídicas de determinadas fallas.
Un error administrativo sostenido durante meses puede terminar convirtiéndose en un problema regulatorio capaz de amenazar la continuidad de la compañía.
Un cambio de enfoque: del cumplimiento reactivo al preventivo
Uno de los errores más frecuentes en organizaciones reguladas consiste en acudir al abogado únicamente cuando llega una investigación.
Pero cuando aparece un pliego de cargos, probablemente el problema empezó meses atrás.
Un modelo de cumplimiento preventivo busca detectar señales antes de que se conviertan en un proceso sancionatorio.
Por ejemplo:
- ausencia inusual de registros;
- inconsistencias en el RNDC;
- requerimientos sin responder;
- correos institucionales sin monitoreo;
- periodos prolongados de inactividad;
- documentación faltante.
El objetivo no es solamente evitar multas.
Es proteger la continuidad de la habilitación.
La habilitación debe entenderse como un activo empresarial
Desde el punto de vista corporativo, una de las conclusiones más importantes de estos casos es que la habilitación no debería considerarse simplemente como un documento administrativo obtenido al inicio de operaciones.
Es un activo esencial.
Sin habilitación, una empresa pierde la base jurídica para desarrollar la actividad para la cual fue constituida dentro del sector.
Por eso su protección debería formar parte de la estrategia de riesgos de la organización.
El monitoreo de obligaciones regulatorias debería recibir una atención similar a otros asuntos críticos, como:
- flujo de caja;
- mantenimiento de flota;
- contratos;
- seguros;
- seguridad vial;
- relaciones laborales.
Conclusión: tres decisiones que deberían servir de advertencia al sector
Las Resoluciones 7455, 7405 y 7445 de 2026 permiten observar cómo diferentes incumplimientos pueden acumularse hasta producir una de las consecuencias administrativas más graves para una empresa transportadora: la cancelación de su habilitación.
Los casos analizados muestran una combinación especialmente riesgosa:
ausencia de información + falta de registros operativos + inactividad prolongada + falta de defensa procesal.
Para las empresas del sector, la principal lección es clara:
el cumplimiento no comienza cuando llega una investigación de la Superintendencia.
Comienza todos los días, con cada operación registrada correctamente, cada correo monitoreado, cada documento archivado y cada requerimiento respondido oportunamente.
Las compañías que convierten estos procesos en protocolos internos reducen significativamente su exposición jurídica y fortalecen su capacidad de respuesta frente a las autoridades.
Desde M&M Integral, ponemos a disposición de las empresas del sector nuestra experiencia de más de 15 años para acompañarlas en la identificación de riesgos, capacitación, cumplimiento normativo y asistencia jurídica frente a actuaciones administrativas.
Prevenir una investigación siempre será menos costoso que intentar recuperar una habilitación cuando el riesgo ya se materializó.
Protege la habilitación de tu empresa antes de que un incumplimiento se convierta en una sanción. Solicita una asesoría preventiva con M&M Integral.
